(ABI) la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) fue convocada a definir el miércoles 28 sobre un proyecto presentado por el embajador de Bolivia ante esa organización internacional, Pablo Solón, para que el agua sea un derecho humano universal.

Solón manifestó que la humanidad tiene derecho a acceder al agua potable limpia y segura y al saneamiento.

El proyecto de resolución tiene el apoyo de 31 países y espera más adhesiones.

El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, ha ratificado en diversas oportunidades que el agua debe ser un derecho humano con libre acceso a todos los ciudadanos.

“El agua potable es un servicio y no debe ser objeto de acciones mercantilistas”, dijo Morales, al resaltar que este servicio debe estar a cargo de los Estados.

De acuerdo con estudios realizados por la ONU, por lo menos 884 millones de personas carecen en el mundo totalmente de agua limpia y 2.000 millones sólo pueden acceder a este recurso vital a más de tres kilómetros de distancia de sus hogares.

Los estudios señalan además que 2.700 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y otras 1.200 no cuentan con servicios de limpieza y de aseo, ni letrinas.

Diversos líderes políticos mundiales y activistas del medio ambiente se han referido a la importancia del agua para la vida, cuya carencia ha dejado una estela de muerte.

Catarina de Albuquerque, autora de un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el agua y el saneamiento, subrayó que “”el saneamiento es un aspecto de la dignidad humana”.

Señaló que el agua y el saneamiento son derechos humanos que deben ser imprescindibles para el desarrollo de la humanidad y no puede ser considerado un lujo.

El proyecto de resolución presentado por Bolivia reafirma la necesidad de proteger y promocionar todos los derechos humanos bajo la responsabilidad del Estado, aunque resalta la necesidad de que la comunidad internacional coopere para que la humanidad tenga acceso al agua y el saneamiento.

Otros organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) subrayó en uno de sus informes que el acceso al agua debe ser “equitativo y no discriminatorio, apropiado en calidad y cantidad, económica, social y ambientalmente sustentable y de costo accesible”.

Enfatiza que es obligación del Estado “proteger a la gente de la desconexión a los servicios de aguas y de la contaminación y de prohibir que individuos o empresas lesionen los derechos de otros. Como estos servicios son caros y en la región hay altos niveles de pobreza e indigencia, los pobres no podrán ejercer su derecho humano al agua si es que no reciben un apoyo eficaz del Estado, reflejado en los presupuestos y en la creación de instituciones eficientes y estables?.

Sin embargo existen algunos países que tienen sus cuestionamientos para que derecho al agua sea considerado un derecho humano. Por ejemplo, en Inglaterra, la coalición liberal-conservadora de David Cameron ha manifestado que quiere quitar de la resolución la mención al saneamiento y que ésta hable de acceso al agua pero no su reconocimiento como un derecho humano.

Igualmente en Australia, los laboristas en el poder han privatizado el agua, mientras que en Canadá el primer ministro Stephen Harper alega que no puede votarla porque ello obligaría a su país a compartir sus reservas hídricas con Estados Unidos.

De acuerdo con los analistas, la declaración del agua y del saneamiento como un derecho humano pondría límite a las actividades de grandes consorcios que explotan y comercializan el agua en algunas naciones.