La cumbre de cambio climático de Cancún ha servido para insuflar más aire a la burbuja del comercio de derechos de emisión de CO2.

(Tom Kucharz*) 5 de enero, 2011.- La cumbre de Cambio Climático finalizó dejando de lado las propuestas de la justicia climática, relacionadas con el límite del aumento de temperatura a 1,5ºC, la responsabilidad de los países más industrializados en cambiar su modelo de producción y consumo -basado en los combustibles fósiles- así como en la forma en que se lleve a cabo la financiación de la lucha contra la crisis climática, o sea la reparación de la deuda ecológica del “Norte” con el Sur Global.

La clausura de la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Cancún fue laureada como una “victoria”, un “paso adelante”, un “avance” o una “salvación del multilateralismo” por la mayoría de los gobiernos, observadores y medios de comunicación mainstream. Después del fracaso de Copenhague en 2009 y a raíz de los mensajes intencionadas de las grandes potencias, que anunciaron meses antes sus ’bajas espectativas’, y después de dos semanas de negociaciones el simple hecho de cerrar un acuerdo parecía suficiente. Lo que aparentaban como clamores de apoyo al texto de Cancún eran en realidad señales de desesperación y cansancio.

En relación con el proceso, aunque se habla de un rescate del multilateralismo, la aprobación fue lograda a través de negociaciones en grupos pequeños, reuniones informales y negociaciones ocultas, confrontando selectivamente a países o regiones entre sí, y usando mecanismos financieros para convencerlos de cambiar su posición. Este proceso lejos de ser democrático, reprodujo los esquemas de negociación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde los intereses neoliberales de unos pocos se impone sobre las necesidades de la población mundial.

Como señalan algunas informaciones expuestas por Wikileaks, el mal llamado “Acuerdo de Cancún” no es el resultado de un proceso de consenso informado y libre, sino la consecuencia de una permanente ofensiva diplomática de EEUU y otras potencias, durante los meses previos a la COP16, y a puerta cerrada, torciendo el brazo y ofreciendo sobornos a los países pequeños para que se abstuvieran de su oposición al “No Acuerdo de Copenhague”.

Partiendo del hecho que EEUU es el mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita en el mundo, nos debe alertar el hecho que el jefe negociador de EEUU, Todd Stern, aplaudió sin fisuras la propuesta de la presidencia mexicana de la COP16 y comentó que las “ideas que han estado como esceleto el año pasado [en Copenhague] y sin aprobarse, ahora son aprobados y elaborados”. Lo que significa que los resultados de las negociaciones en Cancún reflejan en sustancia los mismos resultados negativos del mal llamado “Entendimiento de Copenhague”. O sea, se ha llegado a convertir el ilegítimo y antidemocrático “No Acuerdo de Copenhague” en un acuerdo aprobado por mayoría -no por consenso como rigen las reglas de NNUU.

Entre los 194 países participantes, sólo Bolivia se atrevió a manifestar su discrepancia con el acuerdo (aunque Noruega matizaba después de finalizar la cumbre que la mayoría de la audiencia compartía las preocupaciones del país andino). Pero su voz quedó respaldada por las miles de personas que se manifestaron por la justicia climática, tanto en Cancún como en cientos de convocatorias alrededor del mundo. Bolivia defendió así en Cancún con dignidad y valentía una posición coherente y expresada por más de 30.000 participantes en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático realizada en Cochabamba el pasado mes de abril.

El negociador de Bolivia, Pablo Solón, lo expresó con contundencia durante la plenaria final, que se alargó hasta altas horas de la madrugada del 11 de diciembre, cuando dijo que la única forma de valorar si el acuerdo tenía algún ’ropaje’ era analizando si incluía compromisos firmes para reducir las emisiones y si era suficiente para impedir un cambio climático catastrófico.

En Cancún se demostró una vez más que las grandes potencias y poderes económicos siguen sin tener ninguna voluntad política para responder a la urgencia de reducir sustancialmente sus emisiones de GEI para frenar los fenómenos climáticos extremos que están causando más de 300.000 muertes al año y millones de refugiados. Aunque se menciona la adopción de un segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto, no se explicitan fechas ni mecanismos para que ello ocurra.

En definitiva, los países y las industrias más contaminantes, así como el capital financiero –los que más se han beneficiado de la destrucción del planeta y de la quema de los combustibles fósiles– consiguieron además de evitar cualquier compromiso vinculante de reducir emisiones de GEI, crear un fondo climático que será administrado por el Banco Mundial, así como legalizar nuevos mecanismos de mercado, que abren una nueva ola de privatización de bosques y expulsión de comunidades de sus territorios, además de crear nuevas burbujas financieras especulativas.

Si analizamos los textos tomados en consideración durante la plenaria final, se puede concluir que el “Acuerdo de Cancún” amenaza de muerte a millones de personas. Se limita a confirmar las promesas voluntarias, totalmente inadecuadas, de reducir las emisiones del 13 al 16% para 2020 que se plantearon tras las negociaciones de Copenhague. De concretarse lo alli planteado se habría provocado al final de siglo un calentamiento global de entre 4 y 5ºC. Valga recordar aquí, que los nuevos estudios científicos sobre los impactos del cambio climático concluyen que es necesario revisar el objetivo de aumento de temperatura de 2ºC, y rebajarlo hasta 1,5ºC. Porque un aumento de más de 1,5ºC ya tendría consecuencias catastróficas en la población y los ecosistemas del mundo.

Los estados poderosos y más contaminantes se han buscado rutas de escape posibles para evadir sus responsabilidades: El texto dice que las emisiones nacionales deben tocar techo lo antes posible, pero no especifica cuál es ese techo, cuándo es lo antes posible, ni cómo lograrlo y tampoco qué consecuencias trae a los Estados que no lo cumplan.

Papel mojado

El Acuerdo de Cancún asienta que se deben completar los trabajos para prorrogar Kioto lo antes posible para que no haya brecha entre el primero y segundo periodo de cumplimiento, pero no especifica cómo, cuándo ni quién. Se trata de una formulación de papel mojado. Japón, Rusia y Canadá se habían negado a aceptar un segundo periodo de cumplimiento, y sin embargo han aprobado el texto de Cancún, lo que prueba que Kioto está en vía muerta. La mención en el texto de Cancún del “Artículo 20, parafo 2, y Artículo 21, parafo 7 del Protocolo de Kioto” sirve como recordatorio clave que ningún país está obligado a establecer metas de reducción en la segunda fase de Kioto. Su inserción ha sido esencial para ganar el apoyo de Japón para el acuerdo de Cancún, han expresado fuentes de las delegaciones de los EEUU, Japón y la UE.

El texto de Cancún sólo son promesas vacías, sin valor jurídico, sobre movilizar fondos, reconocer la necesidad de reducir emisiones, abrir procesos, evaluar en el futuros. Sin embargo, incluye la creación de nuevos mecanismos de flexibilización y compensación (incluyendo nuevos mercados de carbono, tecnologías no probadas y el acaparamiento de tierras), para que los países puedan seguir contaminando y fingiendo que cumplen con sus compromisos de reducción. Por eso les interesa salvar del Protocolo de Kioto la base jurídica de los mercados de carbono para asegurar la continuidad y expansión de los mecanismos basados en el mercado, incluso después de poner fin a Kioto. Es la extensión de la lógica de la especulación financiera a las falsas “soluciones” al cambio climático, que hasta ahora sólo ha generado aumento de beneficios en manos del capital transnacional y han agravado las violaciones a los Derechos Humanos y derechos indígenas.

“La Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se ha convertido de facto en una nueva Organización Mundial de Comercio de Carbono”, señala acertadamente Silvia Ribeiro, del Grupo ETC, “los muertos los sigue poniendo el Sur global”. Al centrarse en los enfoques de mercado como el comercio de carbono, la convención se ha convertido en la “OMC del cielo”, argumentó la red Indigenous Environmental Network (IEN). “Los pueblos indígenas de Norte a Sur no se pueden permitir estas injustas y falsas ’soluciones’, porque el cambio climático está matando a nuestros pueblos, las culturas y los ecosistemas. Debido a que estamos en la primera línea de los impactos del cambio climático, llegamos a la COP16 con una llamada urgente de abordar las causas profundas de la crisis climática y con la demanda fundamental para redefinir la relación de la sociedad industrial con el planeta”, concluye el comunicado de Indigenous Environmental Network.

Desde el día de la apertura a los momentos de cierre de las negociaciones, las voces y opiniones disidentes fueron censuradas, silenciadas y varios activistas expulsados del recinto oficial de la cumbre. Las miles de personas que se reunieron en las calles de Cancún para rechazar los mecanismos de mercado y pidiendo el reconocimiento de los derechos humanos e indígenas, fueron ignorados.

Además, los países poderosos conseguieron debilitar y someter a los países del G77, en particular los africanos y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), con promesas de dinero insignificantes (en particular relacionado con los nuevos mercados de carbono basados en los mecanismos propuestos por NNUU de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques – REDD) o con nuevas deudas financieras y condicionantes, como los créditos del Banco Mundial anunciados en Cancún, para que validen el falso acuerdo.

En relación con el financiamiento, aunque se aprobó la creación de un “Fondo Verde para el Clima”, no están garantizados los recursos, su origen ni la forma de implementarlos, la cantidad ofrecido es insuficiente para enfrentar realmente las consecuencias de la crisis climática (más de US-$ 275.000 millones al año). Sobre la decisión de transferir al Banco Mundial (BM), la gestión del nuevo fondo -de 30.000 millones de US-$ hasta 2012 y 100.000 millones de US-$ por año (a partir de 2020)-, es totalmente inaceptable y peligroso porque sus estructuras son antidemocráticas y sus programas siguen financiando grandes proyectos de combustibles fósiles que provocan más cambio climático.

En 2010 el Banco Mundial ha batido sus propios recórds en créditos para megaproyectos como centrales térmicas de carbón, oleo- y gaseoductos, refinerías y minería a cielo abierto, así como monocultivos agroindustriales como palma aceitera, entre otros. El BM ha generado el endeudamiento de los países del Sur y ha fomentado el modelo neoliberal en todo el mundo. Además, los países más vulnerables por el cambio climático son los menos representados dentro del BM y los que más necesidades tienen de acceder a los recursos. El Banco Mundial tuvo una destacada presencia en Cancún, aunque, obviamente, mucha actividad se llevó a cabo en la trastienda.

El presidente del Banco, Robert Zoellick, anunció un nuevo partenariado para la financiación para ayudar a los “países en desarrollo” establecer mercados de carbono. La iniciativa fue inmediátamente apoyado por Australia, los EE.UU. y la Comisión Europea. El Banco y otros poderes públicos y privados anunciaron un plan de trabajo para la Acción sobre “Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático”, que pretende “aumentar la productividad agrícola” (o sea una nueva “revolución verde”) y convertir diferentes “soluciones” del sector, como el secuestro de carbono en el suelo y el uso industrial de biomasa, en nuevos grandes negocios.

En Cancún se mostró una oposición contundente de las organizaciones sociales y también de muchos gobiernos del Sur a los mecanismos para la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) al considerarlos una privatización de los bosques y una falsa solución por retrasar las medidas que tienen que tomarse en los países emisores, como el abandono de las energías fósiles. Pero a pesar de ello, REDD fue aprobado en Cancún, lo que podría resultar en un despojo de tierras inmenso, violando gravemente los derechos humanos de millones de personas.

Zoellick fue muy claro en la defensa de un acuerdo internacional “REDD+”, incluyendo los nuevos negocios ligados a los servicios ambientales y la diversidad biológica, y anunció la “Iniciativa de Mercado de Vida Silvestre de primera calidad”. El Banco Mundial está creando nuevos vehículos de financiación para REDD+, incluido el BioCarbon Fund, el Forest Carbon Partnership Facility, el Forest Investment Program, conjuntamente con los bancos regionales y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

Se estableció un “comité de tecnología” eliminando las referencias a las barreras que constituyen las patentes y las reglas comerciales internacionales de propiedad intelectual para la transferencia de tecnología limpia al Sur y da amplia participación a las multinacionales para imponer sus tecnologías. Los derechos de los pueblos indígenas son mencionados decorativamente, sin efecto real.

Entre muchos otros resultados negativos destaca que los proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CAC) sean ahora elegibles para créditos de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto – algo por lo que Arabia Saudita, Australia, Kuwait y Venezuela presionaron duramente. Se trata de una tecnología muy controvertida, insegura y cara. Desafiando las objeciones por motivos de costes, viabilidad, posibles impactos medioambientales y contra la oposición pública, la industria más pesada y sucia ha presionado para conseguir apoyo financiero de la UE para la CAC.

Recientemente se conoció por informes de Spinwatch y Corporate Europe Observatory1 que las empresas europeas más contaminantes, como Endesa, BP, Shell y Vattenfall, consiguieron subvenciones públicas de cientos de millones de euros de la UE para proyectos piloto de esta tecnología, al comprar voluntades en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en Bruselas. Lograron su primer gran victoria en octubre de 2009, cuando funcionarios de la UE anunciaron que 1.050 millones de euros del fondo de la recuperación económica de la UE irían para apoyar proyectos piloto de CAC.

Pero todo esto era nada comparado con los fondos que la industria luego obtuvo a través del sistema de comercio de emisiones de la UE. El lobby de la industria fue apoyado por los gobiernos nacionales en defensa de sus más grandes multinacionales (la británica BP y holandesa Shell) y fue un enorme éxito: conseguieron arrancar de la Comisión Europea la obtención de fondos para la CAC a partir de la tercera fase del plan de la UE de comercio de emisiones. Esto vendrá en forma de 300 millones de derechos de emisiones con un valor de entre 4-7.000 millones de euros, en función del precio del carbono.

En Cancún no hubo un pequeño paso hacia delante, como claman desafordunadamente muchas grandes ONG. Entre otras, Greenpeace Internacional, que el año pasado tildó el Acuerdo de Copenhague, casi idéntico de una “escena de un crimen”, dijo que Cancún representa “una señal de esperanza que vuelve a sentar las bases para alcanzar un acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático”. Oxfam Internacional siguió la misma línea, afirmando que “los negociadores han resucitado las conversaciones de la ONU y las han puesto en vías de recuperación”. Por el contrario, se abrió la puerta a una mayor mercantilización del clima y de los bienes comunes. Según la Vía Campesina, una organización internacional que lucha por la Soberanía Alimentaria, “el balance es negativo para la humanidad, pues se abrieron las puertas al gran capital y a las trasnacionales para que continúen con sus negocios”.

Los gobiernos están en la obligación de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, lo que implica respuestas a la crisis ambiental, y no fueron capaces ni tienen la intención de hacerlo. Cancún muestra una vez más que la lógica del capital está por encima del derecho a la vida.

Por todo ello es más urgente que nunca que los movimientos y organizaciones sociales conviertan la justicia climática en una reinvindicación prioritaria y transversal, unificando las luchas por la justicia social y contra la crisis (Huelga General, reforma del sistema financiaro, ocupación de tierras y fábricas, etc.) con las campañas de justicia ambiental (antinuclear, transición energética, contra grandes infraestructuras, decrecimiento económico, agroecología, etc.), con el fin de aumentar nuestras capacidades de transformación social, movilización y presión política.

El negociador de Bolivia, Pablo Solón, lo expresó con contundencia durante el plenario final, que se alargó hasta altas horas de la madrugada del 11 de diciembre, cuando dijo que la única forma de valorar si el acuerdo tenía algún peso era analizando si incluía compromisos firmes para reducir las emisiones y si éstos eran suficientes para impedir un cambio climático catastrófico.

Los países y las industrias más contaminantes, así como el capital financiero —los que más se han beneficiado de la destrucción del planeta y de la quema de los combustibles fósiles— consiguieron evitar cualquier compromiso vinculante de reducir emisiones de gases de efecto invernadero; crearon un fondo climático que será administrado por el Banco Mundial; legalizaron nuevos mecanismos de mercado, que abren una nueva ola de privatización de bosques y expulsión de comunidades de sus territorios y que generará nuevas burbujas financieras especulativas.

* Tom Kucharz es miembro de Ecologistas en Acción