(Nueva York, 18 de mayo de 2011) Durante las sesiones que se vienen desarrollando en el Décimo Periodo del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU, desde el 16 al 27 de mayo de 2011, la delegación de Bolivia, junto con otros representantes de pueblos y comunidades indígenas, que integran a organizaciones y asociaciones internacionales indígenas de diferentes partes del mundo, han reiterado su rechazo contundente al Mecanismo de Reducciones de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, mas conocido con el nombre de REDD, porque promueve la mercantilización de los bosques y afecta a los Derechos de los Pueblos Indígenas.En su intervención, el Embajador Pablo Solón, de la delegación boliviana, señaló que Bolivia “no apoyó los mal llamados “Acuerdos de Cancún” porque ellos establecen promesas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que llevan a  un incremento de la temperatura de 4 grados centígrados en lo que va de este siglo. Si eso ocurre habrán graves consecuencias para todos los pueblos del mundo, muchos estados insulares desaparecerán. La desertificación se acrecentará en varias regiones, en particular en el África y en el caso de mi país, un país de cerros con nevados, veremos que se perderán una gran parte de los glaciares que  tiene nuestros cerros provocando graves efectos a la provisión de agua a la biodiversidad y a la agricultura de las economías de los pueblos indígenas y  campesinos”.

Asimismo, refiriéndose a la iniciativa de REDD, y que está dentro de los mal llamados de  “Acuerdos de Cancún”, manifestó: “Nosotros no compartimos la visión de mercantilizar los bosques y la provisión de los servicios ambientales de los mismos. Creemos que es necesario preservar los bosques y garantizar los derechos de los pueblos indígenas pero ello no puede darse a través de un mecanismo que lo que busca es ponerle precio al servicio ambiental que prestan los bosques, y luego emitir certificados de reducción de emisiones para colocarlos en un mercado de carbono del cual se beneficiaran sobre todo las empresas transnacionales de los países desarrollados del norte. Con estos certificados de reducción de emisiones de nuestros bosques los países desarrollados y las empresas industrializadas incumplirán sus compromisos de reducción de emisiones, pues lo único que tendrán que hacer será mostrar que han adquirido uno de esos certificados para así justificar su no reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.

El Embajador Solón, planteó que “tiene que haber una retribución económica a los países que preservan los bosques y a los pueblos indígenas, pero esta retribución económica no debe basarse en mecanismos de mercado sino que tiene que establecerse a través de un mecanismo de impuesto a las transacciones financieras que permita generar fondos sin ninguna clase de condicionalidades”.

En esta medida, recomendó al Foro Permanente “que realice un estudio amplio sobre las consecuencias que tendrán las emisiones de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sobre los derechos de los pueblos indígenas, porque una vez que se emite un certificado de reducción de emisiones y lo adquiere un tercero fuera del país se genera una situación de  conflicto con los derechos de los pueblos indígenas que tiene que ser previamente analizada y estudiada antes de ser implementada y desarrollada”.

“Esta visión de mercantilizar la naturaleza va precisamente a contra corriente de la visión de los pueblos indígenas que siempre han sido los más respetuosos, los promotores de una vida en armonía con la naturaleza, de considerar a la naturaleza no como un objeto, no como una cosa sino como nuestro hogar, como un sistema, como la comunidad en la cual todos vivimos y de la cual todos dependemos. Creemos nosotros que hacia la Conferencia de Río+20 en vez de promover la mercantilización de la naturaleza a través de la llamada economía verde tenemos que mas bien avanzar por el camino  de reconocer los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza también tiene derecho a existir, tiene derecho a reproducirse y tiene derecho a una vida saludable”, destacó el Embajador Solón.

Asimismo, las organizaciones de la Comunidad Integradora del Saber Andino (CISA) de Ecuador, el Centro de Derechos Humanos y Accesoria de Pueblos Indígenas (CEDHAPI) de México, la Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas (CIAPI), la Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México (CPINM), el CAUCUS de América del Norte, la representación de Mujeres Indígenas, entre otros, manifestaron su rechazo a las políticas e iniciativas de REDD, que son una parte de la llamada Economía Verde y que se constituyen en una más de las falsas soluciones.

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